Este martes 3 de octubre, en la Cámara de Diputados de Entre Ríos, las regionales de la Confederación General del Trabajo (CGT), encabezadas por Jorge "Piry" Ávalos (Secretario General de la CGT Regional Paraná), participaron del plenario de comisiones donde se debate la reforma a la Ley Provincial 5.315.
Durante la jornada, los referentes sindicales fundamentaron su disconformidad y formalizaron la entrega de un documento técnico ante la Comisión de Derecho Laboral. En el escrito, la central obrera exige que la anunciada celeridad de los trámites no se traduzca en una pérdida de garantías para los trabajadores ni en el debilitamiento del cobro de sus créditos laborales.
Desde la perspectiva sindical, el texto en discusión traslada los riesgos del proceso judicial directamente sobre los hombros del trabajador, debilitando su posición al momento de reclamar sus derechos. Los ejes principales de la preocupación gremial se concentran en:
La eliminación del depósito para apelar: El proyecto prevé derogar el artículo 125, inciso a), quitando la exigencia de depositar el capital de condena y sus accesorios para que el empleador pueda apelar. Para la CGT, esto elimina una garantía patrimonial clave. Ante una eventual insolvencia del empleador durante el trámite recursivo, el trabajador queda desprotegido a menos que inicie costosas medidas cautelares. Como alternativa, el sector gremial propone conservar el depósito o admitir garantías sustitutivas de rápida ejecución —como seguros de caución otorgados por el instituto provincial de seguros— en lugar de suprimir la protección sin reemplazo.
Pericias médicas centralizadas y cuello de botella: La creación de un cuerpo médico forense especializado con sede única en Paraná (tres cargos para toda la provincia) genera serias dudas sobre la accesibilidad y los plazos para los trabajadores del interior. El documento cuestiona la falta de estudios previos de carga laboral y exige una estructura descentralizada o itinerante, advirtiendo además que el dictamen oficial no debe volverse una verdad inalterable sin derecho a impugnación y prueba complementaria.
Baremo de incapacidades y honorarios: Se advierte que la aplicación estricta de una tabla de riesgos del trabajo no puede reemplazar el examen clínico ni la valoración judicial integral de cada caso particular. Asimismo, se objeta el tope uniforme fijado para los honorarios periciales, señalando que podría desincentivar la participación de especialistas idóneos y conspirar contra la calidad de la prueba.
El documento presentado ante los legisladores subraya que las modificaciones deben analizarse bajo los parámetros constitucionales y convencionales vigentes (artículos 14 bis, 16, 17 y 18 de la Constitución Nacional y tratados internacionales de derechos humanos).
La conclusión del movimiento obrero entrerriano es categórica: una justicia más rápida y previsible es deseable, pero jamás a costa de debilitar la capacidad del trabajador para probar su derecho y cobrar efectivamente su sentencia. Por este motivo, se solicitó formalmente a la Cámara de Diputados la apertura de una instancia de diálogo profundo, la revisión de los artículos cuestionados y la incorporación de las propuestas sindicales antes de avanzar con la sanción de la norma.